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  Edición N° 22- Setiembre de 2015

Nueva definición PyME
Comisión Nacional de Valores

Destinada a empresas que participen de la oferta pública.

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Crean un régimen de información denominado Defensoría de las buenas prácticas comerciales para la MiPyMe.


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Nueva definición PyME
Comisión Nacional de Valores

Destinada a empresas que participen de la oferta pública.

Como reiteradamente lo hemos señalado, definir la condición de PyME no es una cuestión literaria ni de comprensión meramente teórica. Se trata por el contrario de saber cuando una empresa puede beneficiarse con la utilización de los instrumentos y programas de políticas públicas diseñados para el sector.
A poco de adentrarnos en el tema de la “definición PyME”, advertiremos que hay una verdadera proliferación de definiciones, debido a que existen distintos criterios para encuadrar una empresa dentro de la categoría PyME, y estos criterios pueden variar no sólo entre distintos países sino también dentro de un mismo territorio a distintos efectos.
De esta manera se entiende lo establecido recientemente por la CNV para empresas que soliciten oferta pública, que sí bien mantiene la clasificación de los sectores y el criterio de considerar a una empresa dentro de esta condición de acuerdo a sus niveles de facturación, plantea valores notoriamente superiores a los de la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria.
El régimen establecido por la CNV, en consonancia con lo dispuesto por el art. 81 de la ley 26.831, se suma a los programas de la SePyME y BCRA de financiamiento al sector, aunque no puede ser entendido como un régimen de subsidios sino como un “régimen simplificado de autorización de oferta pública” que contiene “claras ventajas hacia las pequeñas y medianas empresas” destinado a aumentar la participación de las PyMes en el mercado de capitales.

La nueva ley de mercado de capitales, se dice en la resolución 640, presenta entre otros objetivos el de “abrir el mercado de capitales a pequeños inversores y a las Pymes” generando nuevos instrumentos de inversión y fomentando la canalización del ahorro hacia la financiación de proyectos productivos y el desarrollo de las economías regionales.

De esta manera las empresas que no superen los montos de facturación anual previstos por la Resolución General 640 de la CNV podrán beneficiarse del régimen, es decir las empresas agropecuarias que no superen los $130 millones, las comerciales que no facturen hasta $550 millones anuales, las de servicios que lo hagan hasta $ 145 millones, las de construcción hasta $215 millones, y las industriales y mineras que no sobrepasen los $430 millones.

 

En correspondencia con los fundamentos expuestos por la CNV en materia de asistencia financiera a las pymes, la Resolución 641 dispuso la creación de una Oficina de Asistencia Pyme dependiente de la Gerencia de Desarrollo y Protección al Inversor que tendrá entre otras funciones “difundir los beneficios y características del mercado de capitales argentino a las empresas pymes”, además de ofrecer asistencia técnica a las mismas.
En simultáneo mediante la Resolución 642 se establecieron modificaciones a la negociación de cheques de pago diferido, mientras que por la resolución 643 se establecieron las disposiciones que rigen para la letra de cambio y el pagaré que gocen de autorización de oferta pública
.


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Crean un régimen de información denominado Defensoría de las buenas prácticas comerciales para la MiPyMe.

Mediante la Resolución 369 de este año se creó un régimen de información en el ámbito de la Subsecretaría de Comercio Interior denominado Defensoría de la Buenas Prácticas Comerciales para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
A través del mismo todas las entidades nucleadas en esa categoría, así como las diversas cámaras o asociaciones que las representan podrán realizar denuncias completando y enviando vía web los formularios electrónicos que como Anexos I y II, forman parte integrante de la mencionada resolución.
La información recabada por dicho régimen se utilizará a fin de detectar y evitar abusos y distorsiones en la cadena de producción, distribución y comercialización que impidan el normal funcionamiento del mercado de bienes y servicios, perjudicando a MiPyMEs.
Entre los considerandos de la resolución se destaca la necesidad del Estado de contar con un canal de información que permita una mayor capacidad para la planificación de políticas que tiendan evitar situaciones que lleven a la confusión del consumidor y usuario sobre la oferta de productos, denominaciones e información, así como las condiciones de comercialización, como también la necesidad de habilitar un canal de comunicación directa entre ese tipo de empresas y la Secretaria de Comercio para poder realizar un seguimiento de todos aquellos problemas que conspiren contra el funcionamiento normal y transpoarente de los mercados.
Cabe destacar que se entenderán como buenas prácticas aquellas conductas que no violen lo establecido en las leyes 25.156 y 20.680.

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